Hablar de lo que se desconoce, especialmente cuando el discurso toma tintes moralistas y ejemplares, no es demasiado ético, pero hacerlo escudándose en la legitimidad que te otorga el respaldo de la maquinaria política y burocrática, es indecente. Cayó en mis manos hace pocos días y por casualidades de la vida un documento expedido, avalado y financiado por la administración pública, concretamente por el Instituto de la Mujer, en el cual se hace un análisis minucioso de diversos videojuegos, atendiendo especialmente a los aspectos que pudieran ser discriminativos por cuestiones de sexo. El documento, todo hay que aclararlo, tiene ya unos añitos a sus espaldas (concretamente seis) y ya en su día hubo buenas réplicas a tamaño disparate. No es mi intención polemizar a destiempo a propósito de una publicación desfasada, pero sí quiero hacer algunas observaciones al respecto, pues dicho documento no ha sido rectificado, corregido ni actualizado, con lo cual debemos suponer que desde las altas esferas se considera que el contenido sigue vigente e igualmente válido a día de hoy. Y eso, además de preocupante, creo que me da cierto respaldo para hacer, aun a día de hoy, mi propia crítica fruto de la más profunda indignación.

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